Los Gordales frente al Prado

Es tan cierto que la Ciudad de la Justicia lleva demasiados años de retraso como que no se va a construir a corto plazo. Cualquier debate sobre este equipamiento debe partir de estas premisas. Pero esto no quiere decir que durante estos años se deba dejar guardado el proyecto en un cajón. Hay margen al menos para dejar los deberes hechos, que todo quede listo y preparado para que cuando las circunstancias económicas cambien pueda volver a ser una inversión prioritaria.

 

Por eso, el debate sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia no debe convertirse en una cuestión baladí o plantearse como un debate baladí que conduce a otro callejón sin salida. Las opciones que hay encima de la mesa deben analizarse con una cierta seriedad, con el margen que da saber que se puede trabajar con paciencia y tiempo con la mirada puesta en el medio plazo.

 

En ese marco, al analizar las dos propuestas que hay encima de la mesa, al observar las debilidades y fortalezas de cada una de ellas se puede al menos trazar un diagnóstico que conduce a la conclusión de que será mucho más costoso, enrevesado y complejo empezar de cero en el Prado que aprovechar el camino ya recorrido y avanzado (institucional y judicialmente) en Los Gordales. Y a las pruebas me remito.

 

El PGOU de 2006 y el Plan Parcial del sector de Los Gordales prevén el desarrollo urbanístico de este suelo para equipamientos, entre ellos la Ciudad de la Justicia y edificios de uso educativo. Junto a ellos una reserva para usos terciarios con la que el Gobierno central es compensado por la cesión gratuita de los suelos. Todo este planeamiento viene ya avalado por dos sentencias del Supremo que han desmontando los recursos presentados por el Gobierno central contra el PGOU y el Plan Parcial por los metros cuadrados de aprovechamientos de uso terciario y por la propiedad de los terrenos.

 

Además, por un acuerdo de Junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de abril de 2011 la Junta es propietaria ya de 6.918 metros cuadrados de suelo en Los Gordales para iniciar una primera fase, de forma que ya sólo queda la reparcelación para que se pueda desarrollar urbanísticamente el terreno, y que el Gobierno central debería asumir sin más recursos dado que al perder las opciones judiciales de cambiar el planeamiento entrar en una disputa sobre la propiedad de los terrenos carecería de sentido.

 

Ahora vamos a la segunda opción: el Prado de San Sebastián. Toda esta propuesta de desarrollo urbanístico del Prado ha estado desde el principio marcada por una gran indefinición y una importante contradicción. Se planteó como una solución a corto plazo para sortear las trabas legales de Los Gordales, sin embargo definirla urbanística y económicamente y ponerla en marcha requirió desde el primer momento mucho más tiempo del necesario para desbloquear los terrenos de Los Gordales.

 

El primer interrogante que se planteaba en esta operación es por dónde empezar. El proyecto del Prado planteaba opciones como el aprovechamiento del Quirúrgico o el derribo de los Jugados de Instrucción y Penal para hacer otro más amplio, todas dentro de un ambicioso plan que se podría realizar por fases. Bien, ¿cuál es la primera y más asequible? El alcalde de Sevilla trató de responderlo hace unos meses: la construcción de un equipamiento en los terrenos ubicados frente a la estación de autobuses.

 

Una respuesta que refleja los problemas que tiene este proyecto. Se trata de una parcela de 5.123 metros cuadrados que no es propiedad municipal, sino que fue traspasada a Tussam en 2008 en el marco de una ampliación de capital para salvar a la empresa. Para ello, se modificó la calificación urbanística de la parcela, de forma que se incrementó el margen de explotación para usos terciarios del solar. Con esta operación, se incrementó el valor del terreno, cuantificado en 40.742.304 euros. En estos momentos, las cuentas de Tussam se sostienen en buena parte por este terreno que tiene una valoración actual según los balances de cuentas de la sociedad de transportes de 34,5 millones de euros.

 

Es decir que para empezar el proyecto por ahí, en primer lugar, hay que resolver un problema económico de 35 millones de euros, que habría que sumar a los costes de construcción del equipamiento. Y no sólo eso, supuestamente la principal vía de financiación de esta idea era un gran parking bajo el Prado, justo a unos metros de dónde ya se ha sacado a licitación un gran aparcamiento rotatorio. Evidentemente, eso descuadra las cuentas. No es lo mismo explotar el único aparcamiento de la zona que el segundo.

 

Por último, hay que tener en cuenta que el PGOU y el Plan Parcial del Prado no contemplan en ningún caso la construcción de un nuevo equipamiento judicial en el Prado, lo que podría tener problemas urbanísticos que habría que resolver con carácter previo, agravados por el hecho de que ya se revisara hace cinco años la calificación urbanística de este solar para hacerlo más rentable para Tussam. Trabas que serían además mucho más complejas en el momento en el que se entrara a analizar el futuro del resto de solares y espacios que se pretenden aprovechar para este proyecto. 

Cuando la pluralidad se recorta en medallas y calles

Probablemente, si se analizan uno a uno los nombres de las personas e instituciones que serán galardonadas el próximo miércoles en el Día de Sevilla todas merecen ese distintivo. Todas han desempeñado una labor importante en sus respectivas áreas y son un referente en los sectores sociales, económicos, culturales o deportivos a los que representan. Hasta ahí, con independencia de que se compartan más o menos sus estilos o sus perfiles, hay poco margen para la discusión, cuando además hay nombres como los deportistas Marina Alabau y la familia Manchón, el fotógrafo Rafael Sanz o Rosario Valpuesta que prácticamente deberían ser indiscutibles.

Pero hay muchas oportunidades de conceder los distintivos de la ciudad. Una al año. Y el problema surge cuando en la misma edición se apuesta de forma tan mayoritaria por un perfil social, cultural o económico determinado dejando a un lado la necesidad de una representación plural y completa de la sociedad sevillana. ¿Responde a un carácter plural e institucional que en la misma edición coincidan Los del Río, José Manuel Soto, una marquesa (aunque tenga una trayectoria irreprochable) y el Círculo Mercantil? ¿No se debe dar juego a otros perfiles sociales y culturales? ¿No hay personas en estos momentos en Sevilla para premiar y equilibrar un poco la balanza? ¿No hay pequeñas empresas sevillanas, artistas o intelectuales? En este sentido, las distinciones del año 2012 fueron muchísimo más equilibradas, plurales y consensuadas. No hay más que mirar los nombres y comparar.

El problema no es nuevo, se va agravando conforme pasan los años del mandato, y no sólo afecta a un hecho anecdótico como puedan ser las distinciones de la ciudad. Basta con hacer un repaso a los últimos movimientos del callejero de la ciudad. Si no fue una decisión acertada en el anterior mandato optar por reconocimientos algo forzados a representantes culturales de la izquierda como Pilar Bardem, tampoco lo es  ahora llenar el callejero de nombres Vírgenes y hermandades dando por hecho que todos los sevillanos se sienten identificados con las tradiciones religiosas de la ciudad. Cada hermandad y cada imagen que puede aglutinar a miles de devotos se puede merecer un sitio en el callejero, pero no puede ser que en vez de tomar medidas para equilibrar la balanza de género en los nombres de calles, una y otra vez se recurra al mismo tipo de denominaciones. El callejero de la ciudad no puede acabar siendo un santoral. 

Cuando una persona llega a alcalde, cuando un partido llega al gobierno debe dar juego a distintas sensibilidades. De uno y otro lado.

 

Festivo en Feria o festivo en Corpus y San Fernando

Aunque todo lo que afecta a la gestión de la Feria de Abril pueda parecer un debate banal o superficial, no lo es. En torno a las fiestas de la primavera se mueve buena parte del potencial turístico de la ciudad, el sector hostelero y el comercio. Hay millones de euros y miles de puestos de trabajo en juego.

Tiene sentido, por tanto, que el Ayuntamiento haya anunciado ya, apenas unas semanas después de la Feria, los cambios que se van a introducir en la próxima edición ante las dificultades de calendario que surgen a raíz del retraso de la Semana Santa. Y tiene sentido que se haya dialogado con los sectores afectados para concluir que esta vez la Feria sea íntegramente durante el mes de mayo  y el fin de semana posterior al puente del Día del Trabajo. Si los agentes turísticos consideran que es la mejor opción, por algo será.

Pero este debate no deja de ser una respuesta parcial. La Feria, precisamente para adaptarse a ese protagonismo turístico y económico, debe experimentar ajustes y revisiones que tengan un carácter permanente y no coyunturales, aunque puedan afectar a tradiciones más o menos arraigadas en la ciudad. Y uno de ellos afecta precisamente al calendario. No tiene sentido que la Feria de Abril sea una de las pocas fiestas locales que no tienen ni un festivo. Eso no sólo afecta a los trabajadores sevillanos y a su capacidad de disfrutar la Feria, afecta al consumo y, por tanto, al empleo. Y la Feria de 2014 volverá a transcurrir sin ni un solo día de fiesta. El efecto es evidente. ¿Cuál fue  el día con más afluencia al Real, con más consumo, y con más contratos de refuerzo de la Feria de este año? Probablemente el miércoles. El día en el que se colocó el festivo local que sobró este año.  ¿Alguien se imagina unos Sanfermines o unos Carnavales de Cádiz sin al menos un festivo local?

En 2014 volverá sin embargo a plantearse el mismo escenario de otros años. El Día de San Fernando y el Corpus tendrán asignados los festivos locales, y una vez que el 1 de mayo no coincide con la Feria, el resultado es que no habrá ni un festivo. El debate se llegó a abrir en el Ayuntamiento con la propuesta de la anterior corporación de fijar la coincidencia de la Feria con el Día del Trabajo, de forma que siempre coincidiera con este festivo. El rechazo del sector hotelero, que prefería no perder una oportunidad de ocupación, frenó esta idea.

Pero la respuesta probablemente esté en un sitio al que parece prohibido mirar. ¿Por qué Sevilla tiene que mantener el Día de San Fernando con una nula aportación económica o turística como festivo? O con más argumentos aún, ¿Por qué Sevilla debe ser una de las tres ciudades que mantienen el Corpus un jueves como día festivo en vez de pasarlo al domingo?

Un valiente informe sobre vivienda, una decepcionante respuesta

“Existe un desajuste entre quienes necesitan una vivienda y quienes pueden pagarla. Supone una grave ineficacia que bienes útiles, en los que las administraciones han invertido fondos públicos o incluso son de su propiedad, sin embargo se encuentran sin uso. El desajuste, además, implica un incumplimiento de la ley, deterioro urbano y conflictividad social”.

Soledad Becerril

Exalcaldesa de Sevilla y Defensora del Pueblo Español

Puede que el distanciamiento con la primera línea política haga cambiar en algún sentido  a quienes han marcado las políticas de los partidos. O puede, simplemente, que la situación actual esté provocando una transformación personal e ideológica en algunos dirigentes políticos que han emprendido un camino, espero que sin retorno, hacia un acercamiento a algunos de los problemas reales de los ciudadanos y hacia las soluciones extraordinarias para situaciones alarmantes. Más de seis millones de desempleados y una media de dos desahucios al día en ciudades como Sevilla son una carga demasiado pesada y un escenario demasiado dramático como para dar la espalda o aferrarse a confrontaciones banales. No creo que el haber mantenido una postura u otra en el pasado invalide ahora a un dirigente o a un partido político. Todos, la sociedad en su conjunto, han evolucionado en estos años, de forma rápida y precipitada ante un cambio brusco de los acontecimientos. Por este motivo, creo que es encomiable, positivo y enriquecedor el informe de la exalcaldesa de Sevilla, exdiputada, exsenadora y actual Defensora del Pueblo Soledad Becerril, dejando al margen de esto otros debates sobre su labor, sus planteamientos o incluso su designación.

Puede que haya tenido poca trascendencia, pero su informe supone un intento de transformar las políticas de vivienda pública (como ya está ocurriendo con algunas medidas como el decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía), haciendo de muchas administraciones un paraguas contra la crisis en lugar de ser quienes echan cubos de agua fría a una sociedad ya demasiado enferma. Se trata de adoptar medidas con valentía, y de romper tabús. Si una empresa de vivienda tiene hechas sus cuentas para que un número determinado de pisos se vendan, pero no consigue comercializarlos, pues que rehaga sus cuentas y los pase a alquiler. Si una familia no puede pagar rentas que estaban establecidas partiendo de unos niveles de ingresos muy superiores, pues que se revisen los alquileres sociales. Si una familia ha ocupado de forma ilegal una vivienda vacía, que se analice si tiene donde dormir o se le dé una alternativa antes de echarla.

Estas, y otras propuestas parten de Soledad Becerril, de una exdirigente del PP. Y eso no les resta valor, todo lo contrario. Lo que sí hace este informe es dejar en evidencia la apatía y el desinterés de algunas administraciones públicas que en vez colaborar en la elaboración de este diagnóstico, ocultan sus datos, rechazan sus recomendaciones y analizan el informe como si todo estuviera ya hecho y la responsabilidad de los problemas fuera sólo de otros.

Un Ayuntamiento como Sevilla no puede, porque es una irresponsabilidad, responderle a Soledad Becerril que no tiene viviendas vacías porque todas están en comercialización. Y mientras tanto está buzoneando los barrios buscando a la desesperada familias que puedan afrontar unos gastos de hipoteca para comprar unas viviendas que son inasumibles en estos momentos. No puede decir que no tiene problemas en materia de VPO cuando ha paralizado todos los proyectos y ha visto como el número de demandantes de VPO se multiplica un 30% . Tampoco puede limitarse a decir que no hace VPO porque no le han dejado suelo disponible. ¿Y para cuando empezar a urbanizar terrenos? ¿Y la rehabilitación? ¿Qué ocurre que para que el Ayuntamiento de Sevilla avance tenía que tener todo preparado, y la primera piedra puesta? No es que todos los problemas de vivienda sean municipales, afectan a todas las administraciones. El problema es ocultarlos o pretender que no existan.

Merecería la pena observar, si las siglas políticas se pudieran dejar al margen, cómo la exalcaldesa de Sevilla que apoyó al actual regidor analiza las coincidencias entre los hechos que denuncia en su valiente informe y lo que ocurre en las políticas de viviendas de un ayuntamiento como el de Sevilla y sobre todo el contraste entre ese discurso valiente y responsable, y la demagogia, el simplismo y la evasión de responsabilidades que se ha convertido ya en algo demasiado habitual.

Con los recortes por bandera

“Durante tres años, el giro hacia la austeridad se nos ha presentado no como una opción sino como una necesidad. Los responsables políticos abandonaron a los parados y tomaron el camino de la austeridad porque quisieron, no porque tuviesen que hacerlo”.

Paul Krugman

Del Ayuntamiento de Sevilla dependen 700.000 habitantes, más de 8.000 empleados públicos, 91.000 desempleados y 16800 demandantes de vivienda protegida. Ese ayuntamiento, con un presupuesto de aproximadamente 1.000 millones de euros, si se incluyen todas las empresas municipales, ha presentado esta semana como su gran éxito haber cerrado el ejercicio 2012 con 48 millones de euros de superávit, una cifra que permite al gobierno presentarse supuestamente como un gran gestor frente a las cuentas con déficit de tesorería de los años anteriores.

La cifra esconde grandes debilidades como organismos y empresas municipales que han empeorado en cuanto a su capacidad de financiación, retrasos en los pagos, transferencias paralizadas, un bajo o casi nulo nivel de inversiones y gastos corrientes, una restricción del gasto público por encima incluso de las previsiones, subidas de impuestos y recortes drásticos en personal. Pero no es esto lo llamativo, sino el hecho en sí de que un gobierno se atreva a presumir de que le sobra el dinero en un escenario de drama social como el que vive el país.

Aunque realmente no sea así (y bastaría poner encima de la mesa numerosos parámetros analizados en los últimos informes sobre la situación de la morosidad municipal, los balances de empresas y organismos o los informes trimestrales sobre la evolución del plan de ajuste) asusta observar el abismo existente entre los representantes institucionales, y entre el mensaje que a veces se transmite sobre las supuestas prioridades de un gobierno, con la realidad social. ¿Quiere decir el gobierno de la ciudad que merece el aplauso de los ciudadanos porque le han sobrado 48 millones de euros? Es decir, porque supuestamente no se ha gastado ni siquiera lo que estaba previsto en el presupuesto municipal más austero de los últimos años. ¿Para qué sirve ese dinero público entonces? ¿Estamos planteándoles a los ciudadanos entonces que el objetivo del Ayuntamiento en tiempos de crisis es ahorrar todo lo posible? ¿Para qué, para el futuro, para que dé beneficios como una empresa?

Simplificando y obviando numerosos datos económicos, el gobierno se atreve incluso a mencionar algunos de los hitos de su supuesto éxito económico. Y menciona la supresión de la paga extra de Navidad. Y hay quién lo aplaude. ¿Quieren trasladar entonces la idea de que los 8.000 trabajadores del Ayuntamiento han visto reducidos sus ingresos en más de un 6% en 2012 al suprimirse la paga extra para que supuestamente luego sobre el dinero? ¿Y que todos los comercios y establecimientos de hostelería que vivían del consumo que se generaba entre otras cuestiones por la paga extra del sector público han visto mermados sus ingresos y en muchos casos hasta suprimida su actividad para que luego al Ayuntamiento le sobre el dinero? El otro gran hito es un supuestamente meritorio recorte del gasto público y una subida de impuestos y tasas avalada por el plan de ajuste. Como si un contrato de la administración o una inversión fuera un derroche. Como si el sector público tuviera como principal objetivo recaudar el máximo posible, gastar lo mínimo necesario y no recurrir a vías externas de financiación como el perverso endeudamiento que no sólo no se puede utilizar sino que hay que reducir aunque sea a coste de reducir los servicios sociales que se prestan.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya hay precedentes. A mediados de 2012, en un arranque de vano y gratuito triunfalismo el gobierno del Ayuntamiento se lanzó a anunciar que había obtenido un beneficio de 8 millones de euros en Lipasam. Un beneficio por supuesto falso y completamente ficticio, pero que se intentó aprovechar para vender la imagen de grandes gestores. Meses después, sin embargo, se anunció que no había dinero para pagarle a los trabajadores y que por tanto había que destruir los puestos de trabajo de los eventuales a los que se contrata en fines de semana y fiestas de la primavera y reducirle el sueldo al resto.

Lo preocupante no son las cifras, que no son reales, no le sobra el dinero al Ayuntamiento, sino el perverso mensaje que se vuelve a tratar de difundir. ¿De verdad los 91.000 desempleados, las miles de personas que han visto recortados sus salarios o los cientos de jóvenes que han tenido que abandonar la ciudad aplauden a un gobierno que dice que le ha sobrado el dinero? Estamos de nuevo en el argumentario del último Consejo de Ministros, quizá el peor de los últimos años: No podemos hacer nada por el paro, no podemos hacer nada por los problemas sociales o por el drama que viven muchas familias con las viviendas. No podemos hacer nada pero vamos por el camino adecuado porque las grandes cifras económicas van mejor (aunque además sea ficticio).

 

Y sinceramente no sé si es peor ese discurso del triunfalismo de la austeridad o la demonización demagógica de cualquier gasto desde la administración pública que aboga desde sectores políticos y económicos por cuestionar a cualquier gestor público que se atreva a pelearse con el déficit, a asumir que sus números no serán positivos porque simplemente no es el momento de que lo sean; o a priorizar las aportaciones que se pueda realizar a una población al borde de la fractura social antes de los índices de endeudamiento.

 

Con el ‘austericidio’ por bandera

La amenaza de la expropiación: de los ‘asustaviejas’ a los desahucios

Decreto de la función social de la vivienda 

1. Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de resulte adjudicatario del remate una entidad financiera emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.

En 2004 el Ayuntamiento de Sevilla anunció la puesta en marcha de Otainsa, uno de los elementos prioritarios del pacto de gobierno PSOE-IU que fue luego injustificadamente desmantelado con la llegada del PP a la Alcaldía. Y echó a andar con un mensaje que a muchos les sonará ahora familiar: se expropiarán todos edificios de viviendas en los que se detecten casos de acoso inmobiliario a través de una aplicación rigurosa del deber de conservación de los propietarios de los edificios. En aquel momento el problema no eran los desahucios de los bancos, era el momento de la burbuja inmobiliaria, y era impensable que una vivienda pudiera costar en un año menos de lo que se pagó por ella. El problema social de la vivienda tenía como protagonistas los bloques antiguos con arrendatarios que abonaban alquileres bajos, en muchos casos con contratos de renta antigua, mientras que los edificios iban cambiando de manos en un continuo proceso de especulación que desembocaba en muchos casos en amenazas, falta de mantenimiento e incluso un deterioro provocado de los edificios para forzar su abandono. Era el fenómeno bautizado en Cádiz, como los asustaviejas.

 

El pacto PSOE-IU trató de dar una respuesta a este fenómeno que nunca tuvo ni una mínima parte de atención mediática de la que tienen ahora los desahucios: los propietarios de edificios que protagonizaran casos de acoso inmobiliario o no cumplieran sus obligaciones con los inquilinos serían expropiados. La realidad fue que en ocho años apenas hubo medio centenar de expropiaciones, pero eso no cuestiona la efectividad de este sistema de trabajo: los propietarios sintieron la amenaza de la expropiación, que se llegó a materializar en casos simbólicos como Encarnación 5 y 6, ahora completamente abandonado por el nuevo gobierno municipal. La amenaza de la expropiación permitió llegar a cientos de acuerdos, favorecer realojos, regresos a las viviendas y compensaciones económicas que permitieron a los inquilinos rehacer sus vidas. El objetivo se cumplía: se rompía el desequilibrio entre los débiles, el inquilino habitualmente de avanzada edad, y el propietario, en muchos casos promotoras que iban comprando edificios confiando en su revalorización y en que los inquilinos fueran abandonando de forma voluntaria o por la fuerza sus hogares. 

Quizá por los antecedentes del pacto de gobierno de Sevilla, el esquema de trabajo que plantea el decreto de vivienda social de la Junta de Andalucía es similar: la administración apoya al más débil con la amenaza de una intervención pública frente al banco, que ejerce ahora el papel de asustaviejas dispuesto a echar a una familia de su hogar para que sus cuentas cuadren y mantener los beneficios. ¿Habrá muchas expropiaciones con este sistema? Probablemente, como ya ocurrió con los casos de acoso inmobiliario, no. Pero eso no quiere decir como señaló recientemente el PP-A, que ha mantenido un errático discurso sobre esta normativa, que el decreto no sea útil. El que se dedique a contar cuántas expropiaciones se lleven a cabo para evaluar el decreto se equivoca. Este decreto se medirá por los acuerdos que se alcancen, por los pisos de bancos que pasen al parque social por rentas bajas y por las daciones en pago que se consigan. De hecho, su primer efecto probablemente ya se haya conseguido: dar otro aviso más a los bancos, ahora desde la administración, que se suma a los que ya han dado la sociedad civil y los propios jueces. 

Una puerta abierta para recargar en el IBI a las viviendas vacías

Artículo 39. 2 del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

“De la resolución declarativa se dará traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de proceder a su inscripción. Asimismo, habrá de ser notificada al Ayuntamiento en cuyo término se ubique la vivienda a fin de que por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley reguladora de este tributo”.

El decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía abre numerosas vías para la gestión del parque de viviendas vacías de la comunidad autónoma. Y no todas pasan por las actuaciones que se arbitren desde la Consejería de Fomento. Algunas dependen directamente de los ayuntamientos y del nivel de implicación que quieran tener con el nuevo marco legislativo autonómico. El Gobierno andaluz, tal vez tomando como referencia el antecedente de pactos de gobierno PSOE-IU como el de Sevilla, ha intentado poner las bases para poner en marcha una de las grandes medidas frustradas de las ordenanzas fiscales de decenas de ayuntamientos de este país que tuvo precisamente en Sevilla uno de sus principales referentes: gravar con una recarga de hasta 50% en el IBI a las viviendas vacías.

La intención de la Junta de que los ayuntamientos empiecen a usar esa vía queda de manifiesto en un artículo 39.2 del decreto de vivienda social que hasta ahora ha pasado de puntillas. El objetivo de la Consejería de Fomento es que esta normativa conceda la base legal a las administraciones locales para introducir una medida fiscal progresiva y de incentivo del alquiler como es una recarga fiscal para aquellos pisos que no se quieran sacar al mercado de alquiler y estén simplemente reservados a la espera de una revalorización de los inmuebles.

Esta medida no tiene su origen en la crisis. Fue de hecho una de las pocas estrategias que  se intentaron llevar a cabo durante los años de bonanza económica para poner freno a la especulación inmobiliaria, o al menos que aquellos que quisieran adquirir viviendas sólo para venderlas más caras más adelante tuvieran que realizar una mayor aportación a las arcas públicas. Así, se empezó a introducir en torno al año 2007 en decenas de ordenanzas fiscales con un doble objetivo. Por un lado, poner en marcha un incentivo para sacar viviendas al mercado y para gravar a quienes abusaban del negocio inmobiliario. Por otro, profundizar en la progresividad del IBI y en su valor como elemento recaudador para una política de servicio público del Ayuntamiento: igual que una vivienda de barrios como Nervion o Los Remedios en Sevilla no paga lo mismo que un piso de Cerro-Amate o Alcosa debido a su valor catastral, tampoco puede tributar igual una vivienda que tiene un uso que un piso que se mantiene sin utilización alguna.

Pero fracasó. Año tras año, ayuntamientos como el de Sevilla vieron como esta exigencia fiscal quedaba inutilizada y como las previsiones de ingresos por esta medida no se cumplían. Principalmente, por un problema legal que nunca se supo resolver y que estuvo en manos del Gobierno central en la pasada legislatura: la ley de haciendas locales permitía aplicar una recarga sobre las viviendas vacías siempre y cuando hubiera antes aprobado un reglamento que definiera qué es una vivienda deshabitada. Y nunca se llegó a aprobar. Por eso, los tribunales fueron desmontando una tras otra todas las ordenanzas y una medida progresiva y que pretendía poner al menos un obstáculo, aunque fuera leve, a la especulación inmobiliaria acabó fracasando.

Ni siquiera la crisis y el hundimiento del mercado han permitido retomar esta vía. Y mucho menos ahora ante la oposición frontal del actual Gobierno central a este tipo de iniciativas que el PP rechazó desde el principio al considerarlas un ataque a la propiedad privada.

La Junta ahora intenta resucitar el debate con su decreto. Si ya hay una definición de viviendas deshabitada a nivel autonómico, y dado que las competencias en materia de vivienda están transferidas, debe ser suficiente para poder desarrollar el gravamen en el IBI a todos los pisos que acaben entrando en el registro de viviendas deshabitadas. Parece lógico y razonable. Otra cosa es que se pueda aplicar legalmente, una cuestión que tendrán que volver a resolver los tribunales.

¿Quiere esto decir que si sale adelante el planteamiento de la Junta de Andalucía todo el que tenga una vivienda de veraneo pagará más IBI? NO. ¿Quiere decir que quien no consiga alquilar un piso pagará más IBI? No. ¿Quiere decir que quien tenga un piso para los fines de semana pagará más IBI? No. El decreto regula un complejo procedimiento para llegar a incluir una vivienda en el registro de pisos deshabitados. Se deben cumplir numerosos requisitos, renunciar a incluirse en las medidas de fomento y no tener ninguna justificación para mantener esta posición en el periodo de alegaciones. Es decir, hay que querer tener una vivienda deshabitada con todas sus consecuencias. Pues bien, aquel que quiera y que tenga recursos para mantenerla, seguro que puede también incrementar su aportación a la hacienda local.

Pero, sobre todo, no es una obligación para los ayuntamientos, lo que supondría una intromisión en las competencias municipales. Abre la puerta a que aquellos ayuntamientos que quieran hacerlo usen esta vía. Depende ahora por tanto de la voluntad política de los consistorios. 

Un vacío legal que se intenta llenar: ¿Qué es una vivienda deshabitada?

Hay decretos cuya redacción difiere tanto de lo anunciado que acaba defraudando las expectativas o demostrando una cara oculta que pretendía esconderse el mayor tiempo posible. No es el caso del Decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El decreto de la Consejería de Fomento parece empezar a trazar unas reglas del juego adecuadas para unas circunstancias excepcionales. Pero eso no quiere decir que lo consiga. El texto que se ha publicado hoy en el BOJA es otro paso en una dirección valiente pero que ahora requiere un complejo y difícil proceso que además no depende ni siquiera sólo del Gobierno andaluz. Si no hay complicidad entre la administración autonómica y las administraciones central y local, esto puede acabar en otra frustración más que se suma a un largo listado .

A la espera de que sea o no recurrida por parte del Gobierno central, un ayuntamiento, otra comunidad autónoma, un banco o un promotor, esta normativa podría marcar unas nuevas reglas del juego en materia de vivienda. Y no tanto por su aspecto más mediático, la posibilidad de expropiar un inmueble en caso de desahucio (una opción a la que se llegará en contadas excepciones) sino porque por primera vez se da un paso que las administraciones necesitaban desde hace años: definir las condiciones para una vivienda se considere vacía. Esto, que viene recogido por primera vez en el decreto publicado hoy puede suponer, en caso de que el Gobierno central asuma que una comunidad autónoma puede regular un elemento que competencialmente dependería del Estado, un antes y un después en la política de vivienda. Porque a partir de ese momento, no sólo se pueden articular las medidas sancionadoras a los bancos o las expropiaciones en caso de desahucio, sino que se puede poner en marcha una política de incentivos o más bien de recargas fiscales a aquellos pisos que estén deshabitados.

El debate no es nuevo. Viene de lejos. Durante años, numerosos ayuntamientos como Sevilla tuvieron en sus ordenanzas fiscales una recarga en el IBI para las viviendas vacías que no pudieron cobrar. ¿ Por qué? Porque había una ley estatal que abría las puertas a hacerlo cuando se regulara qué es un piso vacío. Y pasaron los años y nadie se atrevió a hacer ese reglamento. Los ayuntamientos tuvieron una disposición inútil en sus ordenanzas, perdieron una fuente de recursos y una vía para incentivar el alquiler a través de la política fiscal. El gran problema es que durante años se consideró imposible determina cuando una vivienda está vacía. ¿Cuándo no pase en ella todo el año? ¿Cuándo no la tenga alquilada? ¿cuándo no consuma? ¿Y si un propietario pasa los fines de semana en un piso y el resto de la semana en otro, cuál es la vacía?

La Junta lo hace. Regula cuándo una vivienda está vacía. Y no es sencillo Cuando se demuestre a través de los recibos de la luz y del agua, así como a través de los datos del padrón de viviendas que una vivienda lleva seis meses vacía, y no sea una segunda vivienda ni un piso destinado a las estancias temporales, entonces se iniciará el procedimiento para su declaración como vivienda deshabitada. Se hará así un registro de viviendas que servirá como punto de partida para las políticas sancionadoras (en el caso de entidades jurídicas y bancos) o para las políticas fiscales de incentivos.

Esta definición, esta regulación, es el verdadero punto de partida que establece esta ley. A partir de aquí hay que empezar a trabajar y si no hay colaboración entre administraciones será imposible. Los ayuntamientos son quienes tienen en su mano la posibilidad de realizar una aproximación del número de viviendas que pueden entrar en ese registro y quienes deben marcar las inspecciones en caso de llevarse a cabo, y que son en su mayor parte, la responsabilidad de la administración autonómica. Si no hay acuerdo, difícilmente se hará. Al igual que el Gobierno central debería complementar este decreto con un desarrollo similar de la Ley de Haciendas Locales para dar el paso que durante años llevan decenas de ayuntamientos esperando. Si estos procesos no funcionan, difícilmente tendrá éxito la legislación.

Al margen, por supuesto, de una sensibilización y concienciación ciudadana, que debe ser fundamental para la puesta en marcha de esta normativa. La necesidad de regular numerosas excepciones para la aplicación del registros de viviendas deshabitadas genera una serie de vías para que ciudadanos o entidades bancarias traten de escapar de la normativa. Ese sería además un objetivo de mínimos: que al menos sirva para regularizar la situación de muchas viviendas y para promover que de forma voluntaria se intente llegar a acuerdos para alquilar o vender pisos deshabitados con un evidente impacto sobre los precios del mercado inmobiliario.

Pero eso no es todo. Como toda ley necesita posteriormente de una apuesta institucional en la que deben de colaborar tanto la administración central como los ayuntamientos. Incentivar la puesta en valor de las viviendas vacías y penalizar a aquellas que se queden abandonadas, así como establecer subvenciones y medidas de intermediación entre los propietarios de los pisos y los inquilinos de forma que se puedan obtener arrendamientos a precios asequibles que respondan realmente al dramático contexto social actual. Sin presupuesto, por tanto, no habrá ley eficaz. Y ahí entran todos. Empezando por un Gobierno central que es quien está marcando el ritmo económico de todas las administraciones basándose en una política de recortes y restricciones presupuestarias. Siguiendo por la administración autonómica que debe establecer este plan como prioritario y acabando por los ayuntamientos, mientras el Ministerio de Montoro les permita tener algún tipo de margen de maniobra en las políticas de vivienda protegida.

El decreto está a la altura de las expectativas. Y pone a las administraciones ante un reto ambicioso, que es precisamente lo que los ciudadanos están demandando. Este puede ser el principio de unas nuevas reglas del juego en materia de vivienda. En las que la administración intervenga para evitar el desajuste existente entre propietarios de viviendas sin ocupar y miles de familias que no pueden ejercer su legítimo derecho al acceso a una vivienda. Es decir, unas reglas que permitan volver y aplicar realmente lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero el decreto publicado hoy es el principio.

Los beneficios ficticios de Tussam y Lipasam

Cuando alguien se empeña en tapar los problemas de gestión propios o heredados diciendo que todo funciona perfectamente, está aportando poco a la solución. Ese tipo de estrategias suponen hacerse trampas al solitario, afrontar la resolución de las situaciones más complejas a las que se enfrenta un ayuntamiento como el de Sevilla desde una visión cortoplacista y propagandística.

Las dos grandes empresas municipales de Sevilla, Tussam y Lipasam, no están bien. No lo estaban antes y no lo están ahora. Simplemente, porque en los últimos años ha cambiado poco. Se han podido producir algunas mejoras positivas, como la reducción de altos cargos, pero han sido puntuales e insuficientes. La situación no ha mejorado, porque un simple vistazo a las cuentas refleja que los ingresos propios bajan, por mucho que hayan subido las tarifas del transporte público; los gastos corrientes y las inversiones apenas sufren ya modificaciones, porque no hay mucho margen para seguir recortando, y todo se ha centrado en una serie de recortes en personal aprovechando el tirón de la imagen del trabajador público privilegiado para recortar contrataciones en el caso de Lipasam (no en Tussam donde ha habido aumentos de plantilla) o para reducir sus derechos y retribuciones. Pero al mismo tiempo, en el caso de Lipasam desde 2012 y en el de Tussam, a partir del año que viene, el Ayuntamiento se quiere desentender poco a poco reduciendo cada vez más la aportación a las empresas públicas.

Para afrontar los problemas que arrastran estas dos empresas, lo primero es asumirlos. Poco bien le hace a las dos empresas municipales recurrir al triunfalismo (o al derrotismo) para tratar de vender éxitos que no lo son. No se puede estar justificando los recortes por una situación de gestión imposible para, a continuación, decir que todo está saneado y que incluso hay beneficios. No hay beneficios. Simplemente porque ni puede ni debe haberlos.

Ni Tussam ni Lipasam tienen beneficios por mucho que en los últimos días alguien desde el Ayuntamiento de Sevilla se haya esforzado en difundir lo contrario, ni los van a tener nunca mientras sigan gestionados a través del sector público, que es como deben estar. Un servicio público es deficitario porque si no estaríamos hablando de que con la tasa de basuras o el precio del billete se deberían costear los servicios rentables y aquellos que no lo son pero que son necesarios. En ese caso, tendríamos que pagar todos el doble de lo que ahora mismo se abona por  un viaje de bus o en la tasa de basura o asumir que muchas prestaciones de las que ahora mismo disfrutamos se perderían. No es rentable un título gratuito para desempleados o mayores de 65 años, igual que probablemente tampoco lo sea la inversión necesaria para el tratamiento separado de los residuos. Como ninguno de estos dos escenarios son deseables, el Ayuntamiento debe realizar transferencias todos los años que vienen precisamente, a través de nuestros impuestos, a permitir el mantenimiento de los servicios públicos.  

La gestión de estas dos empresas no ha sufrido una transformación, ni hay nuevos modelos de trabajo completamente distinto al anterior. Se ha evolucionado en una línea marcada por los técnicos que han estado al frente de estas dos empresas en los últimos años aunque reforzando, por encima de lo necesario a juicio de muchos, el peso que los salarios y el personal tienen en la respuesta a la situación de estas dos sociedades. No tienen beneficios ahora, mientras que antes tenían perdidas, sino que las transferencias que siempre ha realizado el Ayuntamiento a estas dos empresas antes no computaban como ingresos propios en el balance final y por tanto no eran contabilizadas a la hora de gestionar pérdidas o ganancias. Eso cambió por una reforma legislativa que coincidió con los últimos años del pasado mandato, y de ahí que las empresas abandonarán los números rojos entonces. Cuanto más dinero da el Ayuntamiento más beneficios hay y cuanto menos da peores son los resultados o incluso se acaba incurriendo en pérdidas. Cuando en el anterior mandato se intentó disfrazar este cambio legislativo como una mejora que había permitido cerrar con beneficios, lógicamente este planteamiento fue cuestionado, incluso por la entonces oposición, y hoy gobierno de la ciudad, ¿Qué ha cambiado para que ahora sí se dé crédito a esta lectura simplista de las cuentas de las empresas? Prácticamente nada. O quizá demasiado. 

Esa es la realidad. La situación de Tussam y de Lipasam está lejos de estar resueltas. Se han mejorado algunas cuestiones, otras se han mantenido y algunas han empeorado. Sólo hay dos cambios de especial trascendencia (incluso las reducciones de altos cargos son una continuación de la línea iniciada en el anterior mandato y con un efecto muy limitado en las cuentas ya que son cifras anecdóticas en relación con el presupuesto que manejan estas dos sociedades). Por un lado, la decisión política de retirar progresivamente el apoyo económico que desde el Ayuntamiento se presta a las empresas municipales sin que sea ni mucho menos posible su supervivencia cuando se recorte la aportación municipal porque no está aún trazado un modelo de funcionamiento alternativo. Por otro lado, el marco legislativo diseñado por el Gobierno central que empezó con el decreto del pago a proveedores que ocultaba numerosas exigencias que iban más allá de lo necesario para abonar los créditos, y que sigue ahora con la reforma de la administración local que aboca a empresas como Lipasam o Tussam a su disolución como sociedades de capital y gestión pública.